La producción del jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana, presentada por Adidas como un ejemplo de comercio justo, está envuelta en un escándalo que revela explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla.
La promotora cultural Luz Valdez destapó que las bordadoras nahuas, a través de la empresa intermediaria Someone Somewhere —una startup mexicana fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey—, fueron sometidas a condiciones de maquila coercitiva. Adidas, temerosa de sanciones en redes sociales por polémicas previas de apropiación cultural, delegó la gestión para evitar daños a su imagen.
Entre las irregularidades destaca la apropiación ilegal de la Casa de la Cultura de Naupan, convertida en planta de producción para cumplir con las auditorías de Adidas. Allí, más de 150 artesanas trabajaron jornadas intensas con solo una hora de comida y sin prestaciones legales, en un espacio con desabasto de insumos básicos y sin el seguro médico privado que la empresa presumía.
Los pagos a las bordadoras oscilaron entre 25 y 36 pesos por hora, mientras las prendas se venden en tiendas por hasta 5 mil pesos. Las artesanas debían entregar al menos dos jerseys cada cinco horas, y cualquier error en la calidad era castigado con rehacer la pieza sin pago extra, descontando materiales de sus salarios.
Además, el proyecto implicó un atropello cultural: la técnica ancestral del “pepenado de hilván” fue sustituida por puntos ajenos a la tradición local para acelerar la producción, lo que provocó que muchas artesanas abandonaran el taller para trabajar con otra marca que pagaba 400 pesos por pieza. Las que protestaron fueron despedidas y obligadas a firmar contratos de exclusividad que les prohíben trabajar con Adidas por cinco años, bajo amenaza de demandas millonarias.
El secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció que las transnacionales buscan transformar el valor cultural en valor de cambio, pero admitió que la dependencia estatal no tiene facultades para sancionar a particulares. La Secretaría de Cultura federal se deslindó, calificando el asunto como un “trato comercial entre particulares”.
Este caso pone en evidencia cómo, detrás de campañas de marketing que apelan al comercio justo y la cultura indígena, se esconden prácticas que vulneran derechos laborales y culturales, mientras las ganancias se concentran en intermediarios y multinacionales. Para quienes valoran la propiedad privada y el orden, es un llamado a exigir transparencia y responsabilidad en las cadenas productivas que involucran a comunidades originarias.
