El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su sexenio (2018-2024).
En la conferencia matutina de este mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como un acto de hipocresía y cuestionó la credibilidad del PAN para hacer tales acusaciones. “No se puede ser más hipócrita. ¿Quién les cree? Nadie”, afirmó, recordando el historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sheinbaum sugirió que la denuncia podría ser un intento del PAN por “expiar sus culpas”.
El PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, sostiene que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, ya que estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador. En un comunicado difundido el domingo 7 de junio, el partido argumentó que la violencia en México no puede explicarse solo por la acción de las organizaciones criminales, sino que es resultado de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”.
Entre los puntos clave de la denuncia destacan:
– Más de 200 mil víctimas de homicidio durante el sexenio de López Obrador.
– Más de 150 mil personas desaparecidas en el mismo periodo.
– La política de “abrazos, no balazos”, a la que el PAN llama “narcopacto”, habría favorecido la expansión territorial, económica y política de los grupos criminales.
– Acusan que el Estado renunció a ejercer plenamente su autoridad, debilitando la capacidad para enfrentar la violencia.
Este señalamiento busca que la CPI analice posibles responsabilidades penales individuales derivadas de esta presunta colaboración permisiva entre el Estado y el crimen organizado.
En medio de este debate, es importante recordar que la seguridad y el orden público son temas complejos que requieren soluciones integrales. Mientras tanto, proyectos como el cablebús en Puebla, que avanzan para mejorar la movilidad y reducir la violencia en zonas vulnerables, muestran que la innovación y la inversión en infraestructura pueden ser aliados clave para enfrentar los retos de seguridad sin caer en políticas que, como la denunciada, podrían haber debilitado el Estado de derecho.
Así, mientras el PAN y Morena se enfrascan en acusaciones y defensas, la ciudadanía sigue esperando resultados concretos que garanticen su seguridad y bienestar.
