El proyecto del coche eléctrico Olinia, que se suponía sería un desarrollo local en Puebla, enfrenta una polémica que pone en duda su origen y transparencia. El 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secihti), entregó un contrato por 5 millones de pesos a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del vehículo. Sin embargo, esta compañía no es un fabricante automotriz, sino una empresa de telefonía celular con sede en una casa habitación en Mérida, Yucatán.
Detalles clave del caso:
– **Contrato oficial:** Número de Oficio HS20/DGM-036-0/2025, firmado el 14 de abril de 2025.
– **Empresa beneficiada:** Rocketel SAPI, ubicada en Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, Mérida, Yucatán. La dirección corresponde a una vivienda, no a un laboratorio o planta industrial.
– **Actividad principal:** Telefonía celular, no fabricación de vehículos.
– **Socio mayoritario:** Adrián Aguirre Palme, residente en Park City, Utah, donde tiene una empresa dedicada a elevadores para esquí.
– **Promesa inicial:** El proyecto se anunció como un esfuerzo conjunto de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla.
Al ser cuestionada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a revelar información sobre los montos gastados, pruebas de seguridad, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que divulgar estos datos dañaría la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este episodio genera dudas sobre la transparencia y el compromiso con el desarrollo local, justo cuando Puebla impulsa sistemas de transporte innovadores como el cablebús y teleférico, que sí apuestan por soluciones claras y beneficios tangibles para la movilidad urbana. Mientras tanto, el Olinia parece más un misterio que un avance tecnológico palpable. ¿Será que la innovación en Puebla necesita menos contratos opacos y más proyectos con raíces firmes en la región?
