El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla reveló que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin la acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La irregularidad fue confirmada por Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, quien urgió a la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres a regularizar esta situación cuanto antes.
¿Por qué importa esta acreditación? Porque es el filtro que garantiza que los policías hayan pasado por procesos de certificación, evaluación y controles de confianza, elementos clave para que puedan desempeñar sus funciones con profesionalismo y respeto a los derechos ciudadanos. “Es un tema que debe solventarse”, enfatizó Aguilar Pala durante la conferencia de prensa.
Esta revelación llega en un momento delicado para la policía local, justo después de que el pasado 11 de junio se viralizara la detención de Ariana N, una madre de familia sometida por policías municipales en el Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes mostraron a la mujer siendo contenida mientras sus dos hijos menores lloraban y trataban de acercarse a ella, lo que desató una fuerte reacción ciudadana.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya abrió una queja de oficio contra cinco policías involucrados, calificando preliminarmente la detención como arbitraria. Ante esto, el Gobierno estatal hizo un llamado claro para que el Ayuntamiento refuerce la capacitación de sus elementos y garantice el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente cuando hay menores de edad presentes.
Este doble foco —la falta de acreditación y la polémica detención— pone a la administración de Guadalupe Cuautle bajo presión. Mientras tanto, las investigaciones continúan y la Secretaría de Gobernación estatal insiste en que la profesionalización policial es indispensable para evitar abusos y recuperar la confianza ciudadana.
Por ahora, el gobierno municipal no ha emitido una respuesta detallada a estos señalamientos, pero la expectativa está puesta en que se tomen medidas concretas para corregir estas fallas. En un contexto donde la seguridad y el orden son prioritarios, la transparencia y el respeto a los derechos humanos deben ir de la mano para que la policía cumpla su función sin poner en riesgo a la comunidad.
