El pasado 14 de junio, el FBI frustró un ataque que prometía ser un caos en las inmediaciones de la Casa Blanca durante la celebración del cumpleaños 80 del expresidente Donald Trump. El plan, que incluía drones cargados con explosivos y francotiradores, fue atribuido a Abraham Hermosillo Álvarez, un mexicano identificado como autor intelectual del complot.
Hermosillo Álvarez fue detenido en Nebraska y enfrenta cargos federales por conspiración para cometer asesinato y actos de violencia en terrenos presidenciales. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Hermosillo ingresó al país con visa de turista B2, vencida desde 2001, y permaneció de manera irregular. En 2014, fue beneficiario del programa DACA durante la administración Obama, un dato que el DHS no dejó pasar para enfatizar que “este extranjero ilegal NUNCA debió de haber sido permitido en nuestro país”.
El plan era tan elaborado como peligroso: drones que detonarían casi simultáneamente en edificios cercanos a la Casa Blanca, generando pánico para que la multitud huyera hacia zonas donde francotiradores esperaban para causar más daño.
Además de Hermosillo, otras cuatro personas fueron detenidas como cómplices:
– Tycen Proper, 19 años, Ohio
– Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, California
– Daniel Kenely Eskridge, Misuri
Este caso pone sobre la mesa la complejidad de la seguridad nacional y la importancia de un control migratorio efectivo, sin caer en la tentación de políticas excesivamente intervencionistas que puedan afectar la propiedad privada y la libertad individual.
Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús en Puebla demuestran que la inversión en infraestructura y transporte público eficiente puede ser una vía para mejorar la calidad de vida y evitar que jóvenes caigan en caminos oscuros. Porque, al final, la seguridad también se construye desde el desarrollo y el orden.
