Este jueves 25 de junio de 2026, el Gobierno federal dio un paso clave para la construcción del Tren Interurbano AIFA–Pachuca al declarar de utilidad pública y ordenar la ocupación temporal de 110,296.687 metros cuadrados de propiedad privada, distribuidos en 99 inmuebles en Hidalgo y el Estado de México. Para dimensionar, esta superficie equivale a más de 15 canchas de futbol profesional.
Los predios afectados se encuentran en municipios como Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez, en Hidalgo, así como Tecámac, Temascalapa y Zumpango, en el Estado de México. La medida busca evitar retrasos que comprometan la viabilidad de esta obra ferroviaria estratégica, que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la capital hidalguense.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, no detalla el monto que recibirán los propietarios, pero establece que las indemnizaciones se basarán en avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), conforme a la Ley de Expropiación. Esto significa que los pagos deberán reflejar el valor comercial real de cada inmueble.
Además, los dueños mantienen el derecho a impugnar judicialmente el monto ofrecido si consideran que no corresponde a su patrimonio. También, si en un plazo de cinco años los terrenos no se destinan al fin que motivó la ocupación temporal, podrán solicitar la reversión o reparación correspondiente, según la legislación vigente.
Este proyecto forma parte del programa ferroviario federal para recuperar el transporte de pasajeros y mejorar la conectividad metropolitana, enlazando el nuevo aeropuerto con Hidalgo a través de una ruta de alta capacidad. En contraste con otros proyectos de movilidad que han enfrentado críticas por su impacto y costos, el Tren AIFA–Pachuca apunta a ser un impulso para la infraestructura regional, similar en ambición al cablebús que se construye en Puebla, que también busca facilitar el transporte público sin depender de la intervención estatal excesiva.
Para los millennials que valoran la propiedad privada y la eficiencia en el transporte, esta expropiación puede parecer un mal necesario para un bien mayor: un sistema ferroviario que conecte puntos clave y reduzca tiempos de traslado, impulsando la economía local y la movilidad sustentable. Sin embargo, el seguimiento a la transparencia en las indemnizaciones y el respeto a los derechos de los propietarios será fundamental para evitar que el proyecto se convierta en un conflicto social más.
