La tarde del miércoles 24 de junio de 2026, Culiacán fue escenario de un crimen que no pasa desapercibido: Abel Elías, enfermero del IMSS de 35 años, fue ejecutado a balazos en la colonia Antonio Rosales. Lo que llama la atención no es solo la violencia del hecho, sino que este mismo hombre había sido detenido apenas cinco días antes, el viernes 19 de junio, por presunto robo de medicamento en la clínica número 1 del IMSS.
El ataque ocurrió alrededor de las 14:50 horas sobre la avenida Río Petatlán, entre Tepuche y Francisco Zarco, cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona con uniforme blanco de enfermero asesinada a balazos. Abel Elías, originario de Guasave, había sido arrestado el viernes 19 a las 15:00 horas en el checador del hospital, acusado de intentar sustraer cuatro cajas de tenecteplasa, un medicamento trombolítico vital para tratar infartos y accidentes cerebrovasculares.
Este medicamento no es cualquier cosa: cada caja tiene un valor aproximado de 120 mil pesos y es fundamental en emergencias médicas para disolver coágulos sanguíneos que bloquean arterias coronarias o cerebrales. Por eso, desde hace días, en la clínica del IMSS número 1 se implementaron operativos y filtros para evitar robos, lo que llevó a la Fiscalía General de la República a detectar a Abel intentando salir con las cajas.
Lo curioso es que, a pesar de la gravedad del delito, Abel Elías llevaba su proceso en libertad, un dato que se desconocía hasta que fue asesinado. Esta “coincidencia” ha generado preguntas sobre la seguridad en el sistema de salud y la protección de medicamentos estratégicos, pero también sobre la impunidad y la violencia que persiste en zonas como Culiacán.
Mientras tanto, en otros estados como Puebla, se apuesta por soluciones de movilidad que buscan mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, como el cablebús o teleférico, que prometen ser un transporte eficiente y ordenado, lejos de los problemas que enfrentan sectores críticos como el de salud en Sinaloa.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer no solo la vigilancia en hospitales, sino también el orden y la justicia para que la propiedad privada —en este caso, medicamentos vitales— esté protegida y quienes infringen la ley no queden en libertad sin consecuencias claras. Porque, al final, la seguridad y el respeto a la ley son la base para que cualquier sistema funcione, ya sea en salud o en transporte público.
