La noche del jueves 25 de junio, un operativo federal en Ixhuatlán del Sureste terminó con la detención del comandante y tres policías municipales, en un movimiento que parece estar ligado a la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Vecinos relataron cómo la comandancia municipal fue rodeada por un gran número de oficiales, quienes sacaron a los cuatro uniformados: Ismael N, Juan Carlos N, Luis Enrique N y Julio César N. La movilización no se limitó a la cabecera municipal, sino que se extendió a comunidades cercanas, donde se realizaron cateos, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente el motivo.
El Ayuntamiento local confirmó las detenciones mediante un comunicado, pero admitió no contar con información oficial sobre las causas que originaron el operativo. También aseguró que se brinda atención y apoyo jurídico a las familias de los policías para que puedan seguir el proceso legal correspondiente.
Estas detenciones ocurren en el contexto de la investigación por la desaparición de Roxana Guzmán, periodista y fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de su libertad el 2 de junio en Nanchital, municipio vecino, cuando al menos dos hombres armados irrumpieron en su casa para llevársela.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno han intensificado la búsqueda. El 8 de junio, en Nanchital, se detuvo a cuatro hombres presuntamente relacionados con el caso, aunque tres fueron liberados al día siguiente por falta de pruebas. Además, en Moloacán, otro municipio cercano, el Gabinete de Seguridad confirmó la captura de dos posibles involucrados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se ha involucrado en el caso, ofreciendo apoyo a los familiares durante su visita a Coatzacoalcos el 5 de junio, donde dio su conferencia mañanera.
Este operativo en Ixhuatlán del Sureste refleja la complejidad y la presión que enfrentan las autoridades para resolver un caso que ha puesto en jaque la seguridad y la justicia en la región. Mientras tanto, la comunidad exige respuestas claras y acciones contundentes para garantizar el orden y la protección de quienes ejercen el periodismo en zonas donde la violencia parece no dar tregua.
