Este lunes 29 de junio de 2026, la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió otorgar una medida cautelar que obliga al PAN a retirar varias publicaciones donde se acusa a Morena de ser un “narcopartido”. La determinación responde a una queja presentada por miembros de Morena, quienes argumentaron que esas expresiones constituyen una posible calumnia sin sustento fáctico suficiente.
En concreto, el INE ordenó eliminar 32 publicaciones del PAN, siete del diputado Jorge Romero y tres del Comité Ejecutivo del PAN en Chiapas. Entre los contenidos afectados están fragmentos de entrevistas a la gobernadora Maru Campos, donde se mencionan acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Curiosamente, la queja también incluía expresiones de la senadora Lilly Téllez sobre la relación de Morena con el crimen organizado, pero estas fueron consideradas manifestaciones protegidas por su calidad de legisladora, por lo que no se ordenó su retiro.
El magistrado Reyes Rodríguez señaló que la posibilidad de revisar 1,913 registros sin contar con las células originales representa un fallo que contradice criterios previos del Tribunal y favorece a Morena.
Este episodio refleja la tensión constante entre partidos en la arena política, donde las acusaciones fuertes se enfrentan a los límites legales para proteger la reputación y evitar la difamación sin pruebas claras. En un país donde la propiedad privada y el orden son valores clave, la línea entre la crítica legítima y la calumnia se vuelve un terreno delicado.
Mientras tanto, en otros frentes, proyectos como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas modernas y eficientes para mejorar la movilidad urbana, demostrando que la innovación y el progreso pueden abrir caminos más allá de la confrontación política.
