El pasado miércoles, un doble terremoto sacudió la zona norte de Venezuela, dejando una cifra trágica: 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridas, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un balance transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Este sismo, con magnitudes de 7.2 y 7.5, se convierte en el más mortífero en el país en casi un siglo, superando al de 1967 que dejó 245 muertos cerca de Caracas. Desde entonces, se han registrado 609 réplicas, incluida una esta mañana de lunes 29 de junio, que Rodríguez reportó como de magnitud 4.2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos la ubicó en 4.6.
La región más afectada es La Guaira, una zona costera que ya había sufrido una tragedia en 1999 por un deslave que dejó miles de muertos. Allí, el gobierno habilitó 15 “grandes refugios” y otros más pequeños en escuelas, mientras que en Caracas se han establecido 50 campamentos provisionales para los damnificados. En total, se contabilizan 15,866 personas afectadas y 855 edificios dañados, de los cuales 189 colapsaron por completo.
A pesar de la magnitud del desastre, algunos residentes de La Guaira denuncian retrasos en la llegada de la ayuda, un punto que pone en evidencia la necesidad de una respuesta más eficiente y organizada. El domingo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas dañadas y extendió por una semana la suspensión de clases.
Mientras tanto, los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Este episodio pone en relieve la importancia de contar con infraestructuras resistentes y sistemas de emergencia efectivos, algo que en México, por ejemplo, se ha intentado mejorar con proyectos como el cablebús o teleféricos urbanos, que no solo facilitan la movilidad sino también pueden ser cruciales en situaciones de desastre para conectar zonas vulnerables.
En contraste con la lentitud en la ayuda venezolana, la apuesta por sistemas de transporte modernos y bien planeados en ciudades mexicanas demuestra que la inversión en infraestructura no es solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad y orden social. Quizá es momento de que Venezuela y otros países tomen nota.
