Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe definitivo a una de las promesas más polémicas de Donald Trump: quitar la ciudadanía automática por nacimiento a hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal rechazó la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, que pretendía limitar este derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda.
¿Por qué importa esto? Porque la ciudadanía por derecho de suelo es una tradición legal que lleva más de un siglo vigente y que garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense sea automáticamente ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, lo dejó claro en el dictamen mayoritario: “La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos… Hoy mantenemos esa promesa”.
Curiosamente, uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, se unió a la mayoría, aunque basó su voto en una ley federal y no en la Constitución, mostrando que incluso dentro del ala conservadora hay matices sobre cómo interpretar este tema.
De haberse implementado, la orden ejecutiva habría afectado a hasta 250,000 bebés cada año, obligando a millones de familias a demostrar la ciudadanía de sus hijos recién nacidos, un proceso que habría complicado la vida de muchas personas y generado un impacto social y económico considerable.
Este fallo reafirma que, pese a las presiones políticas y los intentos de modificar las reglas, la propiedad de los derechos fundamentales —como la ciudadanía— sigue protegida por la Constitución y la jurisprudencia histórica.
Mientras en México se discuten proyectos como el cablebús en Puebla para mejorar la movilidad urbana con soluciones modernas y eficientes, en Estados Unidos la Corte Suprema recuerda que las bases legales sólidas y el respeto a los derechos son el verdadero motor para avanzar en cualquier sociedad.
Así, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho vigente y protegido, un recordatorio de que las políticas públicas deben construirse sobre el respeto al orden y la legalidad, no sobre medidas que complican la vida de las familias ni generan incertidumbre jurídica.
