Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preecasin, transfirió 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo curioso es que en los registros internos de Preecasin, estas transferencias aparecen simplemente como “pago de factura”, sin detallar qué bienes o servicios se adquirieron. Ahavat ni siquiera está registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que hace imposible rastrear un contrato o licitación pública que justifique esos pagos.
Ahavat Logistics Solution, fundada en 2017 en Toluca, tiene un permiso para comercializar petrolíferos desde junio de 2020, pero su domicilio fiscal ha cambiado entre Acambay y Metepec, Estado de México, mientras que su dirección operativa coincide con la de Jomadi Logistics & Cargo en Guadalajara. Esta última también está señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la misma red criminal.
Ambas empresas han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por Estados Unidos de liderar la red de huachicol al servicio del CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en 2020 firmó un polémico contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que atrajo la atención del FBI por presunto tráfico ilegal de combustible.
El administrador único de Ahavat, Ruiz Villagómez, aparece en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), que lo vinculan con actividades ilícitas de contrabando y pago de cuotas a cárteles en puntos fronterizos.
Este caso expone una vez más la opacidad y la falta de controles en la ejecución de obra pública en Sinaloa, donde recursos públicos terminan en manos de empresas con vínculos criminales. Mientras tanto, proyectos de transporte público como el cablebús en Puebla avanzan con transparencia y buscan mejorar la movilidad sin caer en estas trampas burocráticas.
En un país donde la propiedad privada y la legalidad deberían ser la base para el desarrollo, resulta urgente exigir mayor vigilancia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos para evitar que el crimen organizado siga infiltrándose en la economía formal.
