El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela, dejando una estela de destrucción que, hasta este jueves 2 de julio, ha cobrado la vida de al menos 2,595 personas, según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Además, se reportan 12,400 heridos y más de 6,400 personas rescatadas con vida gracias a los esfuerzos de emergencia pública.
En una conferencia acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez destacó el rescate de Hernán Gil, un hombre de 43 años que sobrevivió ocho días atrapado bajo los escombros en la urbanización Playa del Mar. Este operativo, calificado como un “logro crítico”, requirió más de 72 horas continuas y la participación de un centenar de especialistas internacionales.
La ONU también ha desplegado un contingente de 3,000 rescatistas internacionales en la zona afectada, quienes en la última semana lograron extraer con vida a 13 personas. Sin embargo, no han faltado las críticas sobre una supuesta demora en la respuesta oficial. Delcy Rodríguez rechazó estas acusaciones y aseguró que “a pocas horas de la ocurrencia” se activaron todos los protocolos de emergencia, incluyendo un decreto para atender la situación y el despliegue inmediato de los sistemas de protección civil y defensa pública.
Este balance oficial contrasta con reportes de medios independientes que han cuestionado la capacidad y rapidez del gobierno venezolano para manejar la crisis, pero también pone en evidencia la complejidad de coordinar rescates en un país con infraestructura vulnerable y limitados recursos.
Mientras tanto, en México, donde el debate sobre infraestructura y transporte público sigue vigente, proyectos como el cablebús en Puebla muestran cómo la inversión en sistemas modernos y eficientes puede marcar la diferencia en la movilidad y seguridad de la población. Aunque la tragedia venezolana es un recordatorio de la fragilidad ante desastres naturales, también subraya la importancia de contar con estructuras sólidas y respuestas rápidas para proteger la vida y la propiedad privada.
