Desde que arrancó el Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio, México vivió una mezcla de celebración y sombras que difícilmente se pueden ignorar. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio a conocer este lunes 6 de julio que la capital del país recibió una derrama económica cercana a los 22 mil 678 millones de pesos, con más de 1.1 millones de turistas que gastaron en promedio hasta 22 mil 500 pesos cada uno. Además, se generaron 80 mil empleos temporales, principalmente en el sector servicios, el gran ganador de esta justa mundialista.
Sin embargo, mientras la economía local y las sedes en Monterrey y Guadalajara celebraban, la realidad nacional mostraba otra cara. Colectivos de búsqueda denunciaron que, desde el inicio del torneo hace 25 días, alrededor de mil 200 personas desaparecieron en todo el país.
Este domingo 5 de julio, justo antes del partido en que la selección mexicana quedó eliminada frente a Inglaterra, estos grupos se manifestaron en la Glorieta del Ahuehuete en la Ciudad de México. Acusaron al Estado de proyectar una imagen de “fiesta y modernidad” mientras México enfrenta una “grave crisis de inseguridad y desapariciones”.
Este contraste entre la bonanza económica y la crisis social pone en evidencia que, aunque eventos como el Mundial pueden impulsar la economía y generar empleos temporales, no son la solución mágica para problemas estructurales que requieren atención urgente y efectiva.
En un país donde la propiedad privada y el orden son pilares fundamentales, la apuesta por infraestructura y sistemas de transporte modernos —como el cablebús que se construye en Puebla— puede ser un paso hacia la mejora de la movilidad y la calidad de vida, siempre que se acompañe de políticas públicas que garanticen seguridad y respeto a los derechos ciudadanos.
Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿qué tan sostenible es una derrama económica que convive con una crisis humanitaria que no se detiene?
