La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este martes 7 de julio de 2026 invalidar el informe de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable daño al erario público por 898 millones de pesos no comprobados.
El fallo, aprobado por unanimidad y presentado por el ministro Arístides Guerrero García, establece que la revisión de recursos federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no de instancias locales. Esto significa que la auditoría guerrerense no tenía facultades para investigar el destino de esos fondos entregados en 2023.
Recordemos que en mayo de 2025, el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones contra López Rodríguez por presunta opacidad en el manejo de los recursos federales. La alcaldesa con licencia, quien busca la candidatura a gobernadora de Guerrero, argumentó que la solicitud de información era un “acto de molestia” que violaba la autonomía hacendaria municipal.
Por su parte, la Auditoría local defendió su derecho a fiscalizar la hacienda de los municipios, pero el ministro ponente aclaró que los fondos federales “no pierden su naturaleza” y, por tanto, sólo la ASF puede auditar su uso.
Este caso pone sobre la mesa un debate clave: ¿hasta dónde debe llegar la autonomía municipal y estatal en la fiscalización de recursos públicos? Mientras la SCJN protege la competencia federal, queda la duda sobre la transparencia y el control ciudadano en el manejo de recursos millonarios.
En contraste, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla, que también involucran recursos federales y locales, muestran que la coordinación entre niveles de gobierno puede ser clave para avanzar en infraestructura sin perder el control ni la rendición de cuentas. Quizá la lección aquí sea que la fiscalización debe ser clara, pero también eficiente y respetuosa de las competencias, para que la inversión pública realmente beneficie a la gente.
