Este miércoles 8 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno mexicano prepara acciones legales más contundentes tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que falleció en Houston luego de ser baleado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El incidente ocurrió el martes 7 de julio, cuando el agente disparó a Salgado Araujo durante una parada de tráfico. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., el mexicano evadió el arresto, desobedeció órdenes verbales y embistió un vehículo policial. Sin embargo, para la familia y defensores de inmigrantes, la única “falta” de Lorenzo era no tener papeles, mientras se encontraba en proceso legal para obtener su permiso de trabajo y “recogía a sus empleados” camino al trabajo, según su hijo Ronaldo Salgado.
Mientras la Oficina del inspector general del DHS y el FBI en Houston investigan el caso, organizaciones y congresistas estadounidenses exigen transparencia y revisión exhaustiva de las pruebas.
Sheinbaum criticó que, a pesar de las notas diplomáticas enviadas por México y la solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de mexicanos en centros de detención de ICE continúan. En marzo pasado, el Gobierno mexicano incluso se sumó a una demanda colectiva contra ICE por casos similares.
“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, dijo la mandataria en su conferencia matutina, y adelantó que junto con el canciller Roberto Velasco presentarán próximamente las nuevas medidas jurídicas que se tomarán en este caso.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la defensa de los derechos de los migrantes y la aplicación de la ley en Estados Unidos, mientras México busca proteger a sus ciudadanos sin caer en la injerencia excesiva, pero sí con firmeza. En un contexto donde la movilidad y el trabajo transfronterizo son vitales para millones, la exigencia es clara: respeto a la dignidad y a la propiedad privada, sin violencia ni abusos.
