La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido en el círculo marinista como “El Español” y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje no solo fue un contratista favorito durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino que también jugó un papel clave en la estrategia para que el exgobernador saliera de la cárcel de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
La historia se remonta a agosto de 2023, cuando el periodista Ernesto Aroche Aguilar reveló que la defensa de Marín buscaba demostrar que el exmandatario tenía arraigo laboral para obtener prisión domiciliaria. Aquí entró en escena Arrendadora Cado, empresa que ofreció a Marín un contrato de cinco años y un salario mensual de 30 mil pesos para justificar que podía trabajar desde casa. La documentación fue notariada por Valentín Meneses Rojas, excolaborador cercano de Marín.
Pero la oferta de empleo no fue directa. Fue a través de Rosalinda Cabrera Dolores, socia de Rafael Z. en varias empresas, incluyendo Inmobiliaria Rajuan y PETROAADLAB, que se canalizó la propuesta laboral para el exgobernador. Rosalinda, junto con su hermana Adriana del Rocío Cabrera Dolores, forman parte de un círculo cerrado de socios que incluye a los hijos de Rafael Z., Julen y Ander Zabalza Macias, así como a Sergio Rubén Trejo Estrada y Ángela Dolores Tolentino.
Las empresas vinculadas a “El Tirador de la Atlixcáyotl” no son cualquier cosa: van desde la construcción hasta la biotecnología y laboratorios ambientales, con nombres como Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health y Biotecnología del Siglo XXI. Esta red empresarial muestra cómo la influencia y los negocios privados pueden entrelazarse con maniobras políticas y judiciales.
Aunque Mario Marín logró salir de prisión un año después de presentar esta documentación, en abril de 2025 regresó a la cárcel para continuar su proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. La detención reciente de Rafael Z. pone en evidencia que las conexiones y estrategias para proteger a figuras políticas no han desaparecido, y que el entramado de intereses privados sigue siendo un factor clave en la política poblana.
En un contexto donde la transparencia y el respeto al Estado de derecho deberían ser la norma, esta historia recuerda que la propiedad privada y la iniciativa empresarial pueden ser herramientas poderosas, pero también susceptibles de ser usadas para fines cuestionables. Mientras tanto, proyectos como el cablebús en Puebla, que apuestan por soluciones modernas y eficientes de transporte público, contrastan con estas viejas prácticas y representan un avance tangible para la ciudad y sus habitantes.
