Este jueves 16 de julio de 2026, en la sede del Departamento de Estado en Washington, Marco Rubio reunió a representantes de 66 países de Europa, Asia y América para una cumbre que busca enfrentar lo que la Administración estadounidense llama un resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda. La reunión, apodada en tono irónico como la “cumbre Antifa”, refleja la obsesión del Gobierno actual con un movimiento que, en realidad, no existe como organización formal, pero que sirve como chivo expiatorio para justificar una agenda política.
Rubio no se anduvo con medias tintas: calificó a estos grupos como “resentimiento ponzoñoso” disfrazado de discursos sobre igualdad y justicia, y los acusó de atacar infraestructuras clave como oleoductos, ferrocarriles y redes eléctricas. Según él, estos “militantes de Antifa” operan en redes transnacionales, con casas de seguridad, financiamiento clandestino y apoyo de Estados extranjeros hostiles.
El secretario de Estado también denunció un “doble rasero” en el tratamiento de la violencia política: mientras que un atentado neonazi es condenado sin ambages, una acción violenta de extrema izquierda se justifica como “un trágico exceso de idealismo”. Esta narrativa, que ha sido cuestionada por varios analistas, busca posicionar a la izquierda radical como la principal amenaza global, mientras se minimizan otros riesgos.
Entre los países asistentes, según una lista proporcionada a EL PAÍS, estuvieron España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay, pero no México, China, Brasil, Nicaragua ni Colombia. En el caso de España, la representación fue modesta: dos consejeros de la Embajada en Washington. Curiosamente, un miembro del futuro Gobierno colombiano del presidente electo Abelardo de la Espriella visitó el Departamento de Estado ese mismo día, aunque Colombia no figuró oficialmente en la cumbre.
Esta reunión es la culminación de ocho meses de esfuerzos diplomáticos para sumar aliados a esta causa, que incluye también la reciente convocatoria del Departamento de Estado para otorgar subvenciones de hasta tres millones de dólares a grupos europeos afines al movimiento MAGA (Make America Great Again). Estas ayudas están destinadas a organizaciones civiles, ONG, instituciones educativas y empresas que combatan la “censura” y promuevan “vínculos civilizatorios” entre Estados Unidos y Europa, abordando temas como soberanía nacional, migración y uso político del sistema judicial.
En la cumbre participaron figuras clave como el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, conocido por su papel en la presión estadounidense sobre América Latina. Miller defendió la estrategia de influir en elecciones y coordinar campañas contra el narcotráfico, incluso con intervenciones militares como la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero pasado.
Cuando se le preguntó por qué la iniciativa se centra en la extrema izquierda y no en grupos de derecha, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, respondió que los grupos de derecha son “más sofisticados” y que sus amenazas han sido tradicionalmente menos atendidas, una explicación que no convence a todos.
Cabe recordar que en septiembre pasado, Donald Trump designó a Antifa como grupo terrorista, tras el asesinato del líder juvenil MAGA Charlie Kirk, un crimen por el que culpó a la “izquierda radical” sin pruebas concluyentes. En noviembre, Washington etiquetó a cuatro grupos europeos vinculados a Antifa como organizaciones terroristas extranjeras, ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre
