La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien además fue investigado por irregularidades durante su paso como secretario de Educación Pública en la administración de Guillermo Pacheco Pulido.
Este dato no es menor: la clínica fue fundada en 2014 como “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable”, por Alvízar y su entonces esposa Irma Palacios García, socia también en constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local por Movimiento Ciudadano en la LIX legislatura, antes de ser regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Curiosamente, la clínica se promocionaba desde 2013 en Facebook con un video casero que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa imagen: el espacio es reducido, con pocas cunas para bebés y equipo médico limitado, un contraste evidente frente a otros hospitales.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica no contaba con cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año. Además, fue clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. La multa por retirar los sellos fue de apenas 18 mil pesos, pero la clínica siguió operando sin mayores problemas.
En 2018, Alvízar nombró gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su cargo como subsecretario de Educación Superior en 2017 y luego como secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. Para 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Alvízar estaba prófugo y sin actividad pública registrada.
Las reseñas en Google no ayudan a la reputación de la clínica. Pacientes han denunciado negligencias médicas, falta de higiene y mala atención. Un usuario llamado Brandon relató hace dos años que a su esposa no le dieron el primer baño al bebé, le recetaron un medicamento para adultos y encontró cucarachas en las habitaciones. Otro usuario calificó al personal como grosero y prepotente.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y de internamiento, la clínica sigue operando. En una llamada reciente, la administración confirmó que ofrecen consultas de valoración y hasta renta espacios para operar, sin mencionar la clausura. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente y aseguró solo el quirófano.
El caso de “Vicky” es un recordatorio doloroso: la menor fue llevada para un procedimiento menor, pero horas después la familia recibió la noticia de su muerte sin explicación alguna sobre las complicaciones.
Mientras Puebla avanza en proyectos de transporte público como el cablebús, que prometen modernidad y seguridad, este episodio en San Pedro Cholula evidencia que la salud privada aún enfrenta retos serios en regulación y calidad. La propiedad privada y la iniciativa empresarial deben ir acompañadas de responsabilidad y orden para evitar tragedias como esta.
