El pasado 27 de marzo, a las 2:00 de la ma\u00f1ana, una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, vivi\u00f3 una madrugada que dif\u00edcilmente olvidar\u00e1. Elementos de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) llegaron con m\u00faltiples unidades y armas para catear el Aserradero El Cipr\u00e9s, propiedad de esta familia, pero lo que deb\u00eda ser una diligencia legal termin\u00f3 en denuncias de saqueo y abuso de autoridad. <\/p>\n
Flor Ruiz y su madre relatan c\u00f3mo m\u00e1s de 10 agentes irrumpieron en su vivienda y en la casa contigua donde viven otros familiares con ni\u00f1os peque\u00f1os. La familia se refugi\u00f3 en la azotea mientras los polic\u00edas revisaban cada rinc\u00f3n, desactivaban c\u00e1maras y, seg\u00fan denuncian, se llevaban objetos de valor como joyas, dinero en efectivo y hasta autom\u00f3viles particulares y de trabajo. <\/p>\n
El padre, due\u00f1o del terreno, fue impedido de entrar y no le mostraron la orden judicial. Adem\u00e1s, el hermano de Flor fue detenido sin explicaci\u00f3n, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un auto y amedrentados con armas. <\/p>\n
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, seg\u00fan la familia, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), aunque no se conocen detalles. La justificaci\u00f3n oficial para la diligencia fue la sospecha de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral de menores, tras reportes de adolescentes trabajando en el aserradero y veh\u00edculos con vidrios polarizados y placas de otros estados. <\/p>\n
Sin embargo, la familia denuncia m\u00faltiples irregularidades: la Fiscal\u00eda niega la presencia de menores, no documenta los objetos y veh\u00edculos retirados, omite la presencia del Ej\u00e9rcito y reduce el n\u00famero de agentes que participaron, a pesar de que las im\u00e1genes de c\u00e1maras de seguridad muestran lo contrario. <\/p>\n
Este caso pone en evidencia la falta de rigor y transparencia en algunas actuaciones judiciales y policiales, que terminan afectando la propiedad privada y la estabilidad de negocios familiares. Mientras la familia pide justicia y apoyo para reactivar su aserradero, queda la pregunta: \u00bfcu\u00e1ntos otros casos similares quedan en la sombra sin que la ciudadan\u00eda lo sepa? <\/p>\n
En un contexto donde Puebla avanza en proyectos de movilidad como el cableb\u00fas, que buscan mejorar la calidad de vida y la econom\u00eda local, estos episodios de abuso estatal solo generan desconfianza y obstaculizan el desarrollo. La propiedad privada y el orden deben ser respetados para que la inversi\u00f3n y el trabajo leg\u00edtimo prosperen.<\/p>\n