María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, decidió romper el silencio y denunciar públicamente la violencia familiar que ha sufrido a manos del funcionario. Fue el pasado 15 de marzo de 2026 cuando la mujer publicó en su canal de YouTube una serie de videos que muestran agresiones físicas y verbales, además de pedir ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En estos cinco minutos de grabación, captados por una cámara de seguridad, se observa cómo Rodríguez Padilla forcejea con María Felicia por un portadocumentos verde, mientras un menor de edad presencia la escena. La situación escala con empujones, golpes y un intento del exfuncionario por destruir la cámara que documenta los hechos.
La denuncia va más allá de la violencia física: María Felicia advierte que al alzar la voz arriesga perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores. Esto, dice, debido a la cercanía de su esposo con figuras de alto nivel del gobierno federal, incluyendo gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.
“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirma la mujer, contrastando con el discurso público de Rodríguez Padilla sobre soberanía energética y defensa de la igualdad de género, que se limita a mítines y tribunas oficiales.
Este caso pone en evidencia la brecha entre la imagen pública de ciertos funcionarios y la realidad privada que enfrentan sus familias. Mientras el país debate sobre sistemas de transporte modernos como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y calidad de vida, también es urgente atender la violencia que ocurre detrás de puertas cerradas, incluso en las altas esferas del poder.
La denuncia de María Felicia Jiménez no solo es un llamado de auxilio, sino un recordatorio de que la protección de la familia y la propiedad privada —incluyendo la seguridad personal— debe ser prioridad para cualquier gobierno que se precie de ser serio y responsable.
