La comparecencia de José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, en el Congreso del Estado de Puebla, se vio empañada por una protesta que no pasó desapercibida este miércoles 15 de julio de 2026. Al exterior del recinto legislativo, un grupo encabezado por el activista Renato Romero Camacho desató momentos de tensión y violencia, desviando la atención del debate técnico y financiero sobre el proyecto del Cablebús.
Romero, conocido en Puebla por su activismo en defensa del agua y el territorio en municipios como San Miguel Xoxtla, Nealtican y la región Libres-Oriental, ha protagonizado diversas movilizaciones contra proyectos de infraestructura relacionados con la gestión hídrica. Su historial incluye una detención en 2025 tras una protesta en San Miguel Xoxtla, aunque un juez decidió no vincularlo a proceso por falta de pruebas.
Lo que debía ser una discusión centrada en los beneficios y retos del Cablebús —un sistema de transporte que promete mejorar la movilidad en Puebla— terminó opacado por daños al patrimonio público y enfrentamientos entre manifestantes y otras personas presentes. Este episodio reaviva la eterna tensión entre el derecho a manifestarse y el respeto al orden público, especialmente cuando la protesta se torna violenta y afecta a terceros.
Mientras tanto, el Cablebús sigue siendo una apuesta por la modernización y la conectividad en la región, un proyecto que, más allá de las controversias, busca ofrecer una alternativa eficiente y sustentable para miles de poblanos. La pregunta es si las protestas, como la de este miércoles, ayudan o entorpecen el avance de iniciativas que podrían transformar la movilidad urbana sin sacrificar el orden ni la propiedad pública.
