Rafael Z., el empresario español señalado por la Fiscalía General del Estado como el presunto tirador que atacó automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, permanecerá en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal. Fue detenido el 14 de julio en un operativo en el fraccionamiento Santa Fe, tras meses de disparos que sembraron miedo entre conductores en esa vialidad y el Periférico Ecológico.
Durante la audiencia inicial, la defensa pidió duplicar el plazo constitucional para que el juez decida si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso. Esto significa que en un máximo de 144 horas —es decir, seis días— se definirá si Rafael Z. enfrenta cargos formales por los ataques.
El caso no es menor: la Fiscalía relaciona al menos 11 carpetas de investigación, incluyendo una por tentativa de homicidio luego de que un joven resultara herido, además de múltiples denuncias por daños a vehículos. En el cateo a sus inmuebles, las autoridades aseguraron armas, cientos de cartuchos, dinero en efectivo y la camioneta GMC Denali que presuntamente usaba para los ataques.
La identificación del presunto responsable fue posible gracias a un trabajo meticuloso que combinó análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos en tercera dimensión, reconstrucción de hechos y labores de inteligencia. Los primeros reportes de disparos comenzaron en abril, pero la primera denuncia formal se presentó hasta junio.
Ahora, mientras se espera la continuación de la audiencia dentro del plazo ampliado, queda claro que la justicia busca no solo castigar, sino también dar certidumbre a una zona que ha vivido meses de inseguridad. En un contexto donde la movilidad segura es clave, iniciativas como el cablebús en Puebla muestran que apostar por sistemas de transporte modernos y vigilados puede ser parte de la solución para evitar que la violencia se traslade a las calles.
