El pasado 27 de marzo, a las 2:00 de la mañana, una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, vivió una madrugada que difícilmente olvidará. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron con múltiples unidades y armas para catear el Aserradero El Ciprés, propiedad de esta familia, pero lo que debía ser una diligencia legal terminó en denuncias de saqueo y abuso de autoridad.
Flor Ruiz y su madre relatan cómo más de 10 agentes irrumpieron en su vivienda y en la casa contigua donde viven otros familiares con niños pequeños. La familia se refugió en la azotea mientras los policías revisaban cada rincón, desactivaban cámaras y, según denuncian, se llevaban objetos de valor como joyas, dinero en efectivo y hasta automóviles particulares y de trabajo.
El padre, dueño del terreno, fue impedido de entrar y no le mostraron la orden judicial. Además, el hermano de Flor fue detenido sin explicación, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un auto y amedrentados con armas.
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se conocen detalles. La justificación oficial para la diligencia fue la sospecha de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, tras reportes de adolescentes trabajando en el aserradero y vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados.
Sin embargo, la familia denuncia múltiples irregularidades: la Fiscalía niega la presencia de menores, no documenta los objetos y vehículos retirados, omite la presencia del Ejército y reduce el número de agentes que participaron, a pesar de que las imágenes de cámaras de seguridad muestran lo contrario.
Este caso pone en evidencia la falta de rigor y transparencia en algunas actuaciones judiciales y policiales, que terminan afectando la propiedad privada y la estabilidad de negocios familiares. Mientras la familia pide justicia y apoyo para reactivar su aserradero, queda la pregunta: ¿cuántos otros casos similares quedan en la sombra sin que la ciudadanía lo sepa?
En un contexto donde Puebla avanza en proyectos de movilidad como el cablebús, que buscan mejorar la calidad de vida y la economía local, estos episodios de abuso estatal solo generan desconfianza y obstaculizan el desarrollo. La propiedad privada y el orden deben ser respetados para que la inversión y el trabajo legítimo prosperen.
