La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue un acto voluntario ni un simple cambio de planes. Según revela Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, el exfiscal fue cesado por órdenes del Ejecutivo tras descubrirse que llevaba al menos seis años sirviendo como informante para agencias de inteligencia estadounidenses.
Lara, quien llegó en enero de 2026 a la FGR como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la institución, anunció su renuncia el martes 14 de julio, pero detrás de esa versión oficial hay un operativo de contrainteligencia que destapó un historial mucho más oscuro.
Además de sus vínculos con redes de extorsión y huachicol fiscal, el exfuncionario tenía nexos con personajes como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presunto traficante de combustible y armas desde Guatemala. La liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, fue el detonante para que se acelerara su salida.
Riva Palacio señala que Lara utilizó su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira, ambos protagonistas del caso Agronitrogenados, que sigue activo en la FGR. La detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, hace dos semanas, es parte de esta trama.
Lo más sorprendente es que, pese a todo este entramado, la 4T no castiga la corrupción, pero sí elimina a quienes pierden la confianza del poder. Lara no fue investigado ni sancionado por sus delitos, sino despedido por ser un “colaborador” incómodo para la narrativa oficial.
Este caso expone la compleja relación entre la Fiscalía, la política y la inteligencia extranjera, y pone en evidencia que, en el México actual, la lealtad política puede pesar más que la justicia. Mientras tanto, la sociedad sigue esperando que la ley se aplique con rigor y sin dobles agendas.
