Este viernes 17 de julio de 2026, la columna “Rocha se quiere entregar” en El Heraldo de México lanzó una bomba: el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaría dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses para enfrentar las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, según la columna firmada por Manuel López San Martín, Morena y el Gobierno federal estarían bloqueando esa posibilidad.
La idea de Rocha, según la fuente del periodista, sería comparecer directamente ante la justicia estadounidense para defenderse y, de paso, aclarar su situación. Pero el oficialismo, siempre atento a cuidar sus intereses, preferiría evitar que el exgobernador revele información que podría comprometer a integrantes del movimiento gobernante.
Este episodio se suma a la crisis política y diplomática que estalló tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha y otros funcionarios sinaloenses. En respuesta, el exgobernador pidió licencia para enfrentar las investigaciones, mientras México mantiene su postura firme: exigir pruebas concretas antes de considerar cualquier proceso de extradición.
En días recientes, también circularon rumores sobre un operativo para detener a Rocha en Culiacán, pero el Gabinete de Seguridad federal desmintió esas versiones.
Es importante aclarar que, hasta ahora, ni Rocha Moya ha confirmado públicamente su intención de entregarse, ni Morena o el Gobierno federal han respondido a las acusaciones de impedirlo. La columna se basa en fuentes no oficiales, por lo que la información debe tomarse con cautela.
Mientras tanto, este caso sigue siendo uno de los temas políticos más candentes en México, con un Gobierno que insiste en el respeto a la legalidad y la presentación de evidencias antes de cualquier acción judicial. En un país donde la propiedad privada y el orden son pilares, la transparencia y la justicia deberían ser la prioridad, sin que intereses políticos frenen la verdad.
