Este jueves al mediodía, en Ensenada, Baja California, agentes federales detuvieron al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, bajo una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de la investigación.
La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes recuerdan a Ruffo como un símbolo de la transición democrática, pues su captura no solo sorprendió por el fondo del asunto, sino también por la forma en que se manejó. A las 13:00 horas, Lamberto Astorga, empleado del exmandatario, recibió una llamada donde Ruffo confirmó su detención, aunque se mostró tranquilo y centrado.
Tras la captura, Ruffo fue trasladado a Tijuana en un operativo escoltado por la Secretaría de Marina. Llegó a las instalaciones de la FGR poco después de las 16:00 horas, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Junto a él fue ingresado el empresario Ricardo Thompson Navarro, cuya situación también está bajo investigación.
La familia de Ruffo denunció la falta de transparencia y el trato poco respetuoso por parte de las autoridades. Una de sus hijas acudió al edificio federal para conocer el estado de su padre y solicitar ver la orden de aprehensión, pero le fue negado el acceso y la información. “Me preocupa que me hayan negado algo tan básico y justo”, declaró Veronica Ruffo.
Además, se informó que, debido a la edad avanzada del exgobernador, se le realizó una valoración médica. Su equipo entregó medicamentos esenciales para su salud, como pastillas para la presión y una mascarilla de oxígeno, que fueron recibidos por las autoridades, aunque con reservas.
Por la noche, un nuevo operativo trasladó a Ruffo y al empresario al aeropuerto de Tijuana para llevarlos a Toluca. Se espera que Ruffo sea ingresado al CEFERESO del Altiplano, uno de los penales federales más seguros del país.
Este episodio ha generado opiniones divididas. Héctor Osuna Jaime, exsenador y exalcalde de Tijuana, calificó la detención como un “espectáculo montado” y una violación al trato digno que merece Ruffo, sugiriendo que la acción busca equilibrar la presión política que enfrenta el partido en el poder.
Más allá de la polémica, este caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos, incluso cuando se trata de figuras públicas. En un país donde la justicia a veces parece selectiva, la forma en que se manejen estos procesos será clave para la confianza ciudadana.
Mientras tanto, la historia de Ruffo Appel sigue siendo un recordatorio de que la democracia mexicana tuvo un punto de inflexión hace casi cuatro décadas, cuando un gobernador rompió la hegemonía priista. Ahora, ese mismo hombre enfrenta un proceso legal que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días.
