En un movimiento que marca un giro en la política ferroviaria mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Tren Suburbano dejará de ser un sistema operado por la iniciativa privada y pasará a manos del Gobierno federal, bajo el nuevo nombre de Tren “Felipe Ángeles”. Esta decisión, presentada durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, fue tomada de común acuerdo con las empresas concesionarias actuales y forma parte de una estrategia para centralizar el control de los trenes de pasajeros en el país.
**¿Qué implica este cambio?**
La adquisición, financiada con recursos públicos, tuvo un costo de 5,999 millones de pesos y fue gestionada por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que a partir de ahora será el único propietario y operador del sistema a través de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. El movimiento busca facilitar la expansión de rutas y conectar de forma más eficiente a la zona metropolitana, aunque para los usuarios la principal novedad será la inauguración, el 26 de abril, del tramo Lechería-AIFA, que permitirá llegar directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
**¿Afectará tu bolsillo?**
Por el momento, las tarifas se mantendrán igual:
– $11.50 para tramos cortos
– $26.50 para trayectos largos
En el nuevo ramal hacia el AIFA, durante el primer mes, el viaje completo costará $45 (y $11.50 en estaciones intermedias). Después, los precios serán revisados para ajustarse tras un análisis de demanda y operación.
**¿Por qué importa este cambio?**
El Gobierno argumenta que esta adquisición es un paso necesario para el desarrollo del llamado “Plan México”, que contempla ampliar la red ferroviaria con rutas como México-Pachuca y México-Querétaro, y con ello, fortalecer el transporte público y la conectividad regional. Sin embargo, la transición de un modelo privado a uno estatal siempre genera interrogantes sobre eficiencia, calidad de servicio y el uso de recursos públicos.
Para quienes apuestan por la eficiencia y la innovación que suele aportar la empresa privada, el reto será vigilar que la operación estatal no caiga en los vicios de la burocracia, y que los usuarios sigan recibiendo un servicio a la altura de sus necesidades. La oportunidad de mejorar la movilidad está sobre la mesa, pero también la responsabilidad de demostrar que el Estado puede gestionar infraestructura de alto impacto sin sacrificar calidad ni competitividad.
Como usuarios y ciudadanos, toca seguir de cerca cómo evoluciona este nuevo capítulo del transporte en México y exigir transparencia, orden y resultados.
