Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que marca un antes y un después en la protección de menores y grupos vulnerables: a partir de ahora, la cohabitación forzada puede castigarse hasta con 22 años y medio de prisión. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre este tema en México.
¿De qué estamos hablando exactamente? La cohabitación forzada es la práctica de obligar a menores de 18 años o personas vulnerables a vivir en pareja, en condiciones similares al matrimonio, sin su consentimiento. El nuevo artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de cárcel, que pueden aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
La reforma fue impulsada por legisladores de Morena, PT y PVEM, quienes argumentaron que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022 nacieron más de 9 mil bebés de madres menores de 15 años en el país, un dato que pone en evidencia la urgencia de atacar el problema de raíz.
¿Por qué Puebla necesitaba esta reforma? El estado registró en 2025 una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). Aunque la cifra es menor que la de 2018 (3.68 nacimientos por cada mil niñas), Puebla sigue entre los 10 estados con mayor incidencia de este fenómeno.
El contexto detrás de estos números incluye discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, y uniones arregladas entre familias, factores que siguen normalizando matrimonios y convivencias tempranas. El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, del Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional, solo detrás de estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En resumen, la reforma busca:
– Proteger a menores y personas vulnerables de uniones forzadas.
– Sancionar con mayor severidad cuando existan agravantes.
– Reducir la deserción escolar y el embarazo adolescente.
– Atender la violencia y discriminación estructural que perpetúan estas prácticas.
Mientras algunos sectores celebran el avance legal, otros advierten que el reto real será garantizar la aplicación efectiva de la ley y atacar las causas de fondo. Por ahora, Puebla da un paso importante en la defensa de la infancia y la juventud, aunque el camino para erradicar la cohabitación forzada apenas comienza.
