Paulina González Garibay pasó de ser una funcionaria más en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a convertirse en el centro de un debate nacional sobre ingresos públicos y transparencia. Su nombre apareció en titulares luego de que su declaración patrimonial revelara un ingreso anual neto de más de 60 millones de pesos en 2023, una cifra que sorprende —y molesta— en un contexto donde miles de jubilados de empresas estatales se ven obligados a ajustar su estilo de vida por recortes.
¿Quién es Paulina González Garibay?
González Garibay trabajó en el área de CFE-Distribución, específicamente en las Oficinas Divisionales de Puebla. Según su declaración patrimonial de modificación 2024, reportó haber percibido $60,343,974 MXN durante 2023 únicamente por su cargo público; no hay registro de ingresos adicionales por actividades comerciales o profesionales. Esa cifra, para ponerlo en contexto, equivale al salario de más de 900 trabajadores promedio de la CFE en un año.
Sin embargo, la historia no termina ahí. El 27 de febrero de 2025, la División de Distribución Centro Oriente en Puebla emitió una carta oficial, firmada por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, solicitando a la empresa de seguridad privada Secumax que le prohibiera el acceso a la CFE “por ningún motivo”. La orden fue acompañada de una petición de máxima discreción, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el trasfondo de su salida.
El contraste: millonarios vs. pensionados en la cuerda floja
Mientras casos como el de González Garibay encienden el debate sobre cómo y para quiénes opera el sector público, la otra cara de la moneda está en los pensionados de organismos estatales. Más de 93 mil extrabajadores de Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan, desde la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 constitucional, una reducción de hasta el 60% en sus pensiones.
La reforma, que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, establece un tope de $67,145 pesos mensuales para 2026 —el 50% del salario neto del Presidente—, dejando fuera de la restricción solo a las fuerzas armadas. Aunque la medida fue presentada como un esfuerzo para poner orden y evitar excesos, ha generado controversia legal por la posible aplicación retroactiva sobre derechos adquiridos, lo que especialistas consideran una violación al principio de irretroactividad de la ley.
El Frente Nacional de Defensa, integrado por jubilados y especialistas, ha surgido para defenderse de lo que consideran una amenaza directa a su estabilidad económica. El ajuste responde a necesidades fiscales y a sentencias judiciales que buscan alinear los pagos con los techos legales, pero el resultado es una creciente sensación de incertidumbre entre quienes ya habían planeado su jubilación bajo otras condiciones.
Lo que queda claro es que, mientras algunos funcionarios públicos reportan ingresos de escándalo y reciben órdenes de restricción de acceso, miles de extrabajadores ven recortadas sus pensiones. La pregunta para los millennials que buscan estabilidad y certidumbre es evidente: ¿cómo se justifica la disparidad entre quienes administran los recursos públicos y quienes, tras décadas de trabajo, solo buscan una vejez digna?
En un país donde la propiedad privada, la empresa y el orden deberían ser principios rectores, estos contrastes no solo indignan: exigen respuestas y, más importante aún, una revisión profunda al manejo de los recursos estatales.
