Este martes, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, informó que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser citado por las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico. La noticia, que ha generado revuelo tanto en medios nacionales como internacionales, pone bajo la lupa la relación entre funcionarios estatales y el sistema judicial mexicano.
A través de un mensaje en redes sociales, Rocha Moya aseguró: “con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”. Su comparecencia ante la FGR, con sede en Culiacán, Sinaloa, se da en respuesta a una citación emitida el sábado pasado, cuando la FGR anunció que diez personas, entre ellas Rocha Moya, debían declarar como parte de una indagatoria abierta en México tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Rocha Moya detalló que respondió a las preguntas de la Agente del Ministerio Público Federal y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades: “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”. Además, defendió su confianza en el Sistema Judicial Mexicano y en el Estado de derecho, destacando que las instituciones de justicia han sido “saneadas y legitimadas” por el movimiento de la Cuarta Transformación.
En un guiño político, Rocha Moya también mencionó que su actuar está “inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta”.
No fue el único funcionario en comparecer este martes. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, también se presentó ante la FGR. Al salir, declaró: “Confío en mi trabajo y en el trabajo institucional. Rechazo estas acusaciones. Vamos a esperar la integración de la carpeta”. Castro Saavedra subrayó que acudió porque confía en la investigación que realiza la dependencia federal.
El contexto: el sábado pasado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que las personas señaladas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.
Todo esto ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados habrían conspirado con líderes del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en la confianza en las instituciones mexicanas y en la transparencia del proceso. Sin embargo, la presión internacional y la atención mediática mantienen el caso en el centro del debate sobre la relación entre poder político y crimen organizado en México. Para los millennials que buscan claridad: el desenlace de este caso podría marcar un precedente sobre cómo se enfrentan las acusaciones internacionales en el país y qué tanto pesan las
