El diario estadounidense Los Angeles Times reveló que las autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según el medio, Washington habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios, aunque ellos continúan entrando al país mediante un permiso especial llamado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo reservado para personas que colaboran con las autoridades o actúan como testigos en investigaciones.
La respuesta oficial no se hizo esperar. El Gobierno de Sonora calificó la información como “completamente falsa” y aseguró que Durazo cuenta con visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, enfatizó: “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”.
De manera similar, Tamaulipas rechazó las acusaciones contra Villarreal, calificándolas de “falsas y de enorme gravedad” sin presentar pruebas que las respalden.
En medio de este escenario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los gobernadores aclarar si realmente les retiraron la visa y cuestionó la intención detrás de hacer pública esta información.
Este episodio se suma a la compleja relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y política, donde las investigaciones cruzadas pueden tener un impacto directo en la gobernabilidad y la percepción pública. Mientras tanto, la transparencia y el debido proceso siguen siendo la mejor defensa para cualquier funcionario bajo sospecha.
