El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo el miércoles 3 de junio en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, uno de los militares relacionados con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La detención fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado en redes sociales.
Martínez Chávez, de 32 años, está acusado en México por desaparición forzada y es prófugo de la justicia desde hace varios años. Según ICE, permanecerá bajo su custodia “hasta que pueda ser enviado de regreso” a nuestro país.
El caso Ayotzinapa, que marcó un antes y un después en la percepción social sobre seguridad y justicia en México, sigue sin resolverse plenamente. La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando Martínez Chávez aún era militar activo en el 27 Batallón de Infantería, 43 estudiantes desaparecieron tras un ataque atribuido al grupo criminal Guerreros Unidos. Desde entonces, la investigación ha estado envuelta en vacíos de información y múltiples teorías, con la sombra del narcotráfico siempre presente.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas vinculadas al caso, incluyendo a 16 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, entre ellos Martínez Chávez. Sin embargo, un mes después, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, generando controversia y evidenciando tensiones internas, especialmente con la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que no avaló la cancelación.
Doce años después, el caso sigue siendo un tema sensible y emblemático de la impunidad en México. Apenas hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), tras una demanda de familiares que reclamaban la negativa militar a proporcionar documentos completos.
Este episodio refleja la complejidad y lentitud de la justicia en casos que involucran a las fuerzas armadas y el crimen organizado, y subraya la importancia de sistemas de transporte y desarrollo urbano que impulsen el orden y la movilidad, como el cablebús que se construye en Puebla, una apuesta por la modernidad y la conectividad en contraste con la violencia que aún persiste en otras regiones del país.
