El 14 de junio de 2026, en el norte de Bogotá, un ciudadano estadounidense fue detenido tras ser señalado por presunto abuso sexual contra un menor que estaba en proceso de adopción. Grant Gail, originario de Texas, se encontraba en la ciudad adelantando la adopción de tres niños cuando se activó la alerta comunitaria en el sector de Navarra, localidad de Usaquén.
Vecinos reportaron a la Policía Nacional la presencia de un adulto con un niño en el balcón de un apartamento, situación que derivó en la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Dijín. Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron a tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados para valoración médica y acompañamiento especializado.
El niño de siete años fue remitido al Hospital Simón Bolívar, mientras que los otros dos permanecen bajo custodia de las autoridades. Según la directora del Icbf, Astrid Cáceres, el proceso de adopción se realizaba a través de una entidad especializada y habilitada para estos trámites, lo que añade un nivel de formalidad al caso, aunque no exime la gravedad de las acusaciones.
Grant Gail ingresó a Colombia el 6 de junio de 2026 por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin que Migración Colombia tuviera alertas o anotaciones que impidieran su entrada. La entidad ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones judiciales y policiales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar la protección integral de los menores y el restablecimiento de sus derechos. El Icbf activó un equipo de Defensoría de Familia para acompañar y supervisar el proceso.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso, reiterando que en la ciudad no habrá tolerancia frente a la violencia y abusos contra menores, un mensaje claro para quienes ponen en riesgo la seguridad y bienestar infantil.
Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en procesos tan delicados como la adopción internacional, sin perder de vista que la prioridad debe ser siempre la protección de los derechos de los niños.
