La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori salió al paso de las críticas que recibió tras pronunciarse sobre el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. En declaraciones recientes, Salvatori aclaró que nunca defendió el consumo de alcohol al volante, sino que su postura se centró en denunciar presuntas irregularidades en la detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula.
El caso comenzó a tomar relevancia pública con la difusión de videos que muestran la intervención policial, los cuales se viralizaron en los últimos días. Salvatori insistió en que su análisis estuvo dirigido al actuar de los elementos de seguridad y no a justificar las acciones de la conductora.
Además, la legisladora expresó su preocupación por la filtración de estos videos, que fueron captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales. Criticó que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién fue responsable de la filtración, calificando esta situación como “grave”.
Un dato relevante que aportó Salvatori es que la propia Ariana F. ya presentó una denuncia formal, lo que abre la puerta a una investigación oficial sobre posibles irregularidades en la actuación policial. Esto contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de ninguna denuncia.
Actualmente, el caso sigue bajo investigación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales involucrados, mientras que el Gobierno estatal también cuestiona el cumplimiento de los protocolos de detención por parte de la corporación.
Este episodio, que comenzó con la difusión de videos de la detención, ha escalado a un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible.
En un contexto donde la seguridad y el respeto a la ley deben ir de la mano, este caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia y el debido proceso, sin caer en la defensa automática de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.
