Este miércoles 17 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para analizar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.
El caso que motivó esta decisión proviene de una persona que solicitó protección judicial contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, que actualmente impiden el acceso a la eutanasia. La promovente, una mujer con formación en tanatología y diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que limitar la muerte legalmente válida a la “muerte natural” vulnera su derecho a la autonomía y al desarrollo de su personalidad.
Este miércoles, durante la votación para atraer el caso, ocho ministros apoyaron discutir el tema, mientras que una sola ministra se abstuvo. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que el debate será de gran relevancia para la sociedad mexicana y que aún no se ha tomado postura sobre el fondo del asunto.
Algunos ministros, como Arístides Guerrero García, recordaron que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, lo que pone en perspectiva la discusión en México. Sin embargo, Guerrero aclaró que atraer el caso no implica una posición a favor o en contra, sino solo la aceptación para analizarlo.
El ministro Irving Espinosa Betanzo destacó que la promovente ha dedicado su vida a asistir a personas con enfermedades terminales y que ahora reclama mejores disposiciones para el trato y cuidados paliativos en estos casos.
Este paso de la SCJN marca el inicio de un debate que podría transformar las leyes mexicanas sobre el derecho a morir con dignidad, un tema que toca fibras sensibles y que, sin duda, tendrá impacto en la autonomía individual y en la regulación estatal sobre la vida y la muerte.
Mientras tanto, la discusión apenas comienza y la sociedad mexicana tendrá que seguir de cerca cómo evoluciona este proceso en el máximo tribunal.
