La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” encendió las alarmas esta semana al denunciar un intento de criminalización contra cuatro comunicadores de Tenancingo, municipio donde la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco parece haber llevado la intolerancia a otro nivel.
Los hechos se remontan a citatorios emitidos por la policía municipal hacia Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, integrantes del espacio “La Madeja Política de Tenancingo”. Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, todo derivado de publicaciones en redes sociales que, según la alcaldesa, contienen insultos, sarcasmo e ironía.
Pero aquí está el detalle: las críticas no son simples ataques personales, sino análisis y cuestionamientos sobre temas clave como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y nepotismo en la administración municipal.
El caso escaló cuando, el pasado 2 de junio, los comunicadores fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec. Allí se les advirtió sobre posibles sanciones económicas, ya que la alcaldesa habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno, argumentando un supuesto daño psicológico derivado de la difusión de un presunto secuestro que ella misma relató en video y que los periodistas retomaron en sus publicaciones.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su gestión y no difundir contenidos de la prensa local, lo que suena más a censura que a un llamado a la civilidad.
Este episodio abre un debate necesario sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, pero también sobre cómo se puede usar la ley para silenciar voces críticas en lugar de fomentar la transparencia y el escrutinio público.
En un contexto donde la protección a periodistas es más urgente que nunca, “100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia y al Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar que la crítica legítima se convierta en un delito.
Mientras tanto, en Puebla, proyectos como el cablebús o teleférico avanzan como alternativas modernas y eficientes para mejorar la movilidad urbana, demostrando que la innovación y el diálogo público pueden ir de la mano, sin necesidad de recurrir a la intimidación o la censura. Quizá algo que la alcaldesa de Tenancingo debería considerar.
