Gil Armando Méndez Grappin, alcalde de San Rafael, Veracruz, está en el ojo del huracán tras acusaciones de haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., presunto feminicida buscado en Yautepec, Morelos. La denuncia proviene de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que señala al edil, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de usar su influencia para proteger no solo a Ricardo, sino también a sus padres, quienes enfrentan cargos por encubrimiento y complicidad.
El caso se remonta al 20 de junio de 2025, cuando Andrea Maylin Chino Ramos desapareció en Yautepec. Tres días después, su novio Ricardo R. S., con quien fue vista por última vez, tardó en informar a la familia sobre su paradero. Finalmente, el 30 de julio de 2025, el cuerpo de Andrea fue encontrado cerca del domicilio de Ricardo, lo que desató una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Desde entonces, Ricardo permanece prófugo, presuntamente con ayuda de sus padres. Fue hasta el 17 de junio de 2026 que Viola S. y Ricardo R. C., madre y padre del presunto feminicida, fueron detenidos en San Rafael, Veracruz, y Estado de México, respectivamente. La detención fue posible gracias a la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Veracruz aprobó esta ley el 28 de octubre de 2025, pero según la vocera del colectivo Las Brujas del Mar, Aruzy Unda, el alcalde Méndez Grappin habría seguido protegiendo a sus familiares después de esa fecha, lo que podría derivar en una investigación en su contra.
La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec no se guardó nada: “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”, cuestionan en su denuncia pública. Y no es para menos. En un país donde la impunidad y la protección política suelen ir de la mano, este caso pone en evidencia la necesidad de que la ley se aplique sin excepciones, incluso cuando los involucrados son funcionarios públicos.
Mientras tanto, la búsqueda de justicia para Andrea Maylin sigue siendo un recordatorio de que la protección de la propiedad privada y el orden no pueden estar por encima de la seguridad y los derechos de las víctimas. En un contexto donde Veracruz y Morelos avanzan con reformas legales para combatir la impunidad, la presión social y la vigilancia ciudadana son más necesarias que nunca para que casos como este no queden en la sombra.
