Cuatro usuarios han llevado a Sony Interactive Entertainment a los tribunales de San Francisco, acusándola de no aclarar que los juegos digitales que venden son solo licencias revocables y no propiedad definitiva. La demanda colectiva, presentada en junio de 2026, se basa en la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025, que prohíbe usar términos como “comprar” o “adquirir” sin advertir claramente que el usuario solo obtiene una licencia.
Aunque PlayStation Store incluye textos legales en su proceso de compra, el bufete que encabeza la demanda sostiene que esas advertencias son tan pequeñas que pasan desapercibidas, generando la falsa impresión de que el consumidor es dueño del juego, igual que si comprara un disco físico o un bolígrafo.
Este litigio llega en un momento de creciente frustración para los gamers, tras varios apagones de servidores que han dejado inaccesibles títulos por los que pagaron. El caso más reciente es Destruction AllStars, exclusivo de PS5, que en mayo de 2026 cerró sus servidores y eliminará por completo su modo para un jugador el próximo 25 de noviembre, dejando el juego inútil.
El problema no es nuevo: en 2023 Ubisoft desconectó los servidores de The Crew, bloqueando incluso el modo local, lo que motivó la creación de la ley AB 2426. Además, el movimiento internacional Stop Killing Games presiona para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin depender de la empresa.
Sony no solo enfrenta esta demanda. En 2026 también debe responder a otros litigios colectivos en Estados Unidos:
– **Acuerdo por prácticas antimonopolio:** Un tribunal federal aprobó preliminarmente un acuerdo de 7.85 millones de dólares por impedir que tiendas como Amazon o GameStop vendieran códigos digitales, forzando la compra exclusiva en PS Store. La audiencia final será el 15 de octubre de 2026 y los usuarios afectados recibirán compensaciones automáticas.
– **Demanda por sobreprecios en hardware:** En mayo de 2026 se presentó otra querella que acusa a Sony de subir el precio de PS5 durante la crisis de aranceles y quedarse con las devoluciones millonarias sin beneficiar a los consumidores.
Mientras los tribunales deciden si Sony debe cambiar términos en su tienda digital por otros más transparentes como “Obtener Licencia de Software”, la industria observa con atención un caso que podría transformar la forma en que compramos contenido digital, obligando a las multinacionales a ser más honestas sobre la naturaleza temporal de las bibliotecas virtuales.
En un mundo donde la propiedad privada es un valor fundamental, esta batalla legal pone en jaque la comodidad del formato digital y la confianza del consumidor. Porque, al final, pagar por algo que no es realmente tuyo no debería ser la norma, ni en los videojuegos ni en ningún otro producto.
