Este miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela vivió un doble sacudón que no se veía desde hace más de un siglo: dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 estremecieron el centro del país, dejando al menos 32 muertos y 700 heridos. El primero ocurrió a las 18:04 hora local, a unos 200 km al oeste de Caracas, y el segundo apenas minutos después, a 45 km de distancia, seguido por una veintena de réplicas que mantienen en alerta a la población.
Para ponerlo en perspectiva, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que el último terremoto de esta magnitud en Venezuela fue el 29 de octubre de 1900, cuando un sismo de 7,7 frente a las costas noreste de Caracas causó daños considerables. Desde entonces, el país ha sufrido varios temblores importantes, pero ninguno tan potente como el de este miércoles.
Algunos de los más recordados en el último siglo incluyen:
– El terremoto del 17 de enero de 1929 (magnitud 6,9), que generó un tsunami y destruyó la ciudad de Cumaná, con 800 muertos.
– El sismo del 3 de agosto de 1950 en El Tocuyo (6,8), que dejó un centenar de fallecidos y casi destruyó la población.
– El temblor del 29 de julio de 1967 cerca de Caracas (6,6), uno de los más mortales, con 245 muertos y miles de heridos.
– El terremoto del 9 de julio de 1997 (6,9), que afectó la costa este y causó 73 muertos y 3,000 damnificados.
En años recientes, los sismos han sido menos letales, aunque no por ello menos preocupantes. En septiembre de 2025, por ejemplo, se registraron 189 eventos sísmicos en el occidente del país, especialmente en Zulia, que dañaron viviendas e infraestructura básica como hospitales y puentes.
Este nuevo episodio sísmico de junio de 2026 vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de invertir en infraestructura resistente y sistemas de emergencia eficientes. Mientras Venezuela enfrenta esta catástrofe, otros países de la región avanzan en soluciones de movilidad y seguridad, como el cablebús o teleféricos urbanos que no solo mejoran el transporte sino que también pueden ser vitales en situaciones de emergencia.
En un país donde la propiedad privada y la empresa privada son pilares fundamentales, la reconstrucción y modernización deben ir de la mano con políticas que fomenten la inversión y el orden, para evitar que tragedias como esta se conviertan en un ciclo interminable de destrucción y abandono. Porque, al final, la seguridad y el bienestar de la gente dependen de un Estado que facilite, no que entorpezca, el desarrollo sostenible y la resiliencia urbana.
