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Políticos de Morena, ¿informantes de EU? The New York Times dice que sí

Un reportaje de The New York Times, en colaboración con Puente News, destapó una trama que suena a guion de serie: funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente de Morena, habrían estado en contacto con autoridades de Estados Unidos para pasar información sobre investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.

Según el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre gobernadores y legisladores, han buscado establecer comunicación con las autoridades de EU, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. ¿La razón? Anticiparse a posibles investigaciones en su contra.

Este movimiento comenzó después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Además, la DEA habría lanzado una iniciativa para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos y persuadirlos de colaborar con las investigaciones.

El reporte también señala que las pesquisas se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales ya colaboran con fiscales federales.

Este escenario ha generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación entre ambos países y con respeto a la soberanía nacional.

Mientras tanto, la política mexicana sigue en el ojo del huracán, y la relación bilateral se tensa justo cuando la cooperación debería ser clave para combatir el crimen organizado. ¿Será que la transparencia y el orden público están en riesgo cuando la información se filtra más allá de las fronteras?

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