Jeffrey Lichtman, abogado estadounidense de Joaquín “El Chapo” Guzmán y algunos de sus hijos, anunció que entregará a las autoridades de Estados Unidos una lista con 32 nombres de funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico.
La información, difundida por Infobae, no incluye detalles sobre quiénes son estos funcionarios, ni cuándo se hará la entrega del documento. Tampoco se han presentado pruebas que respalden estas acusaciones, y hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado ni desmentido el contenido de esta supuesta lista.
Este anuncio llega en un momento en que la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir al Cártel de Sinaloa está bajo la lupa, con investigaciones en curso sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios públicos. Sin embargo, no hay ninguna investigación pública ni acusaciones formales derivadas de esta declaración.
En resumen, Lichtman lanza una bomba informativa sin fecha ni evidencia, dejando en manos de las agencias estadounidenses la responsabilidad de validar o desechar estas afirmaciones. Mientras tanto, la falta de transparencia y pruebas mantiene la incertidumbre sobre el impacto real de esta supuesta lista.
En un país donde la corrupción y la impunidad son temas recurrentes, este tipo de anuncios sin sustento solo alimentan la desconfianza y la polarización, sin aportar claridad ni soluciones concretas. Por ahora, toca esperar a que las autoridades actúen con base en hechos y no en declaraciones sin respaldo.
