La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió mantener bajo reserva por cinco años toda la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Ambos están en el ojo del huracán por investigaciones abiertas en Estados Unidos que los vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado.
Esta decisión se dio tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba conocer detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con estos políticos. La Cancillería argumentó que revelar esta información “podría menoscabar” la confianza entre ambos gobiernos y afectar la cooperación bilateral.
Pero la opacidad no termina ahí. También se clasificaron por tres años las minutas de la reunión del 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, su Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró relevancia porque, según trascendidos, Mullin habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones estadounidenses.
La solicitud de información se presentó el 26 de mayo, apenas 70 días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más por supuestamente usar sus cargos para proteger operaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, según palabras del administrador de la DEA, Terrance Cole.
La resolución del Comité de Transparencia señala que los documentos contienen posiciones institucionales, estrategias de coordinación y análisis que, de hacerse públicos, podrían afectar la imagen de México y comprometer futuros acuerdos con otros países.
En un país donde la transparencia debería ser la regla, la SRE opta por la discreción absoluta, dejando a la ciudadanía sin acceso a información clave sobre figuras públicas señaladas en el extranjero. Mientras tanto, la cooperación internacional y la confianza diplomática se convierten en el argumento perfecto para mantener todo bajo llave. ¿Será que la opacidad es el precio que pagamos por mantener “buenas relaciones”?
En contraste, proyectos como el cablebús en Puebla avanzan con transparencia y visión de futuro, demostrando que sí es posible impulsar infraestructura pública que beneficie a la gente sin sacrificar la claridad ni el orden. Quizá es hora de exigir lo mismo en todos los ámbitos.
