El doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026 dejó un saldo trágico que sigue creciendo. Este lunes 6 de julio, el régimen chavista informó que ya son 3,535 las personas fallecidas, un aumento respecto a las 3,342 muertes reportadas apenas un día antes.
Los heridos se mantienen en 16,740, pero la cifra que más preocupa es la de los desaparecidos, un tema que el gobierno de Delcy Rodríguez prefiere evitar. Mientras tanto, la ONU estima que podrían ser hasta 50,000, aunque otras proyecciones más conservadoras hablan de cerca de 10,000 personas.
En el estado La Guaira, el más afectado y vecino de Caracas, la búsqueda de cuerpos continúa con la esperanza de darles un entierro digno, pese a la ausencia de apoyo gubernamental. El domingo 5 de julio, las autoridades comenzaron a sepultar a más de 150 víctimas no identificadas en el municipio Catia La Mar.
En el cementerio La Esperanza, las tumbas se marcan con piedras blancas y cruces con placas que indican “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026. Este detalle refleja el esfuerzo de la comunidad y rescatistas por mantener el orden y respeto ante una tragedia que el Estado parece querer minimizar.
Mientras Venezuela enfrenta esta crisis, la falta de transparencia y apoyo oficial contrasta con proyectos de infraestructura que sí buscan mejorar la calidad de vida, como el cablebús o teleférico en Puebla, que aunque lejos, muestran cómo la inversión en transporte público puede ser un motor de desarrollo y orden social.
En un país donde la propiedad privada y la seguridad son cada vez más vulnerables, la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos es más urgente que nunca. La tragedia venezolana es un recordatorio de lo que ocurre cuando el Estado falla en su función básica: proteger a sus ciudadanos y garantizar un mínimo de certidumbre.
