El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió romper el silencio este jueves 9 de julio de 2026 para aclarar un tema que ha generado más ruido que certezas: negó estar bajo resguardo de fuerzas federales y aseguró que permanece en su domicilio.
La polémica se desató luego de que Carlos Loret difundiera la versión de un operativo el pasado lunes, supuestamente para trasladarlo ante un posible plan de extracción hacia Estados Unidos. Rocha Moya fue claro: “No me protegen ni me resguardan elementos de corporación federal”.
Este episodio ocurre en medio de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincula, junto con otros exfuncionarios de Sinaloa, con el Cártel de Sinaloa. Tras estas acusaciones, el gobernador con licencia solicitó separarse del cargo para facilitar las pesquisas de la Fiscalía General de la República.
Pero la confusión no termina ahí. En mayo, Claudia Sheinbaum afirmó que Rocha había pedido protección federal, algo común para quienes enfrentan riesgos por su situación legal. Sin embargo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desmintió que el gobierno federal le haya otorgado escoltas o medidas de seguridad, y admitió desconocer si sus escoltas pertenecen al gobierno estatal.
Este tira y afloja sobre la seguridad de Rocha Moya no solo alimenta la incertidumbre sobre su situación personal, sino que también pone en evidencia la falta de coordinación y transparencia en el manejo institucional del caso. La reserva de información diplomática relacionada con el expediente ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y expertos en transparencia, quienes exigen claridad en un asunto que involucra la imagen y la seguridad del país.
Mientras tanto, Rocha insiste en que está “en su casa”, sin protección federal, y que no está escondido. En un contexto donde la propiedad privada y el orden deberían ser respetados, la ambigüedad sobre su seguridad solo añade más preguntas que respuestas.
