Este viernes 10 de julio de 2026, autoridades federales dieron un golpe mediático en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, al asegurar 165 kilogramos de cocaína ocultos en 11 mochilas y detener a igual número de pasajeros. La operación, resultado de investigaciones de campo y gabinete, se enfocó en un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco, donde se detectaron movimientos sospechosos relacionados con el traslado de droga.
Durante la revisión aleatoria del equipaje, los agentes encontraron 165 paquetes rectangulares con polvo blanco, presumiblemente cocaína, perfectamente camuflados en las mochilas. Los detenidos ya están a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.
El operativo contó con la participación coordinada de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN). Estas instituciones reiteraron su compromiso para frenar el tráfico de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.
Aunque la noticia resalta un esfuerzo conjunto para mantener el orden, queda la pregunta: ¿cuánto de esta “seguridad reforzada” es realmente eficaz y cuánto es un espectáculo para la opinión pública? En un país donde la propiedad privada y la libre circulación deberían ser protegidas, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un reto que exige más que operativos aislados.
Mientras tanto, en otros frentes, proyectos como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas de transporte público que, además de mejorar la movilidad, pueden contribuir a la seguridad al ofrecer opciones modernas y eficientes. Quizá invertir en infraestructura y orden sea tan importante como los operativos para combatir la delincuencia.
