En la Barranca de Santa Rita, en Tacámbaro, Michoacán, se descubrió una mega fosa clandestina con al menos 375 cuerpos, según el colectivo “Buscando Cuerpos”. La cifra se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por persona, lo que da una idea escalofriante de la magnitud del hallazgo. Entre los restos también hay mandíbulas y fragmentos craneales de menores de apenas tres años, un detalle que pone en evidencia la brutalidad de esta tragedia.
Margarita López Pérez, activista y exdiputada local, explicó que las labores de excavación en “La Parotita” —como se conoce el predio— enfrentan una crisis forense profunda. La fragmentación de los huesos complica el conteo, pero la presencia de tejido con cabello indica que algunos restos son recientes. Todo el material genético se envía a laboratorios en la Ciudad de México para intentar identificar a las víctimas mediante ADN y dar respuestas a las familias.
Las tareas de recuperación y análisis forense, que ya llevan tiempo, podrían extenderse al menos tres años más, advirtió López Pérez. Mientras tanto, criticó la falta de seguridad y resguardo permanente en la zona por parte del presidente municipal sustituto, Alejandro Fuerte García, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y el trabajo de los familiares.
Pero el problema no es solo operativo. Michoacán sigue sin una ley local específica para la búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de que durante la gestión de López Pérez se aprobó un dictamen basado en la Ley General federal y consensuado con colectivos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla vetó esta normativa, una decisión que la activista atribuye a motivos políticos y no técnicos, pues se atendieron todas las observaciones.
Esta ausencia legal precariza el trabajo de los colectivos en dos frentes:
– Limitación de recursos logísticos y operativos para explorar nuevas zonas con indicios biológicos.
– Falta de mecanismos para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones.
Mientras tanto, la realidad en Tacámbaro es que cientos de cuerpos esperan ser identificados y que las familias sigan buscando respuestas en un contexto donde la impunidad y la falta de orden institucional parecen ser la norma. En un país donde la propiedad privada y el orden deberían ser prioridad, la falta de un marco legal adecuado y la negligencia estatal solo profundizan el drama de quienes ya han perdido demasiado.
