El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron una huella devastadora: hasta este lunes 13 de julio, la cifra oficial de muertos ascendió a 4,561, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Aunque el número de heridos se mantiene en 16,740, la tragedia no termina ahí: 17,907 personas siguen sin hogar y el Gobierno no ha actualizado datos sobre desaparecidos, un silencio que pesa en medio de la emergencia.
En la capital, Caracas, el municipio de Chacao se convirtió en la zona cero del desastre. Allí, al menos 68 personas perdieron la vida y tres edificios colapsaron, mientras decenas más quedaron inhabitables. El alcalde Gustavo Duque detalló que tras una inspección de expertos, 46 edificios fueron marcados con pegatinas rojas, señal de que no son seguros para habitar. Otros 157 inmuebles recibieron pegatinas amarillas, indicando un riesgo moderado.
Lo curioso es que la mayoría de estos edificios con riesgo moderado son construcciones antiguas, previas al terremoto de 1967, que ya había dejado una marca trágica en Caracas con casi 300 muertos. Las edificaciones posteriores a ese sismo cumplen con normas antisísmicas, lo que subraya la importancia de la regulación y el orden en la construcción para proteger vidas.
Mientras tanto, en Venezuela continúan desplegados 2,471 rescatistas internacionales y más de 30,000 voluntarios, un esfuerzo que refleja la magnitud del desastre y la necesidad de coordinación efectiva.
Este episodio pone en evidencia la fragilidad de ciertas zonas urbanas y la urgencia de invertir en infraestructura resiliente. En contraste, sistemas de transporte modernos y bien planeados, como el cablebús en México o el teleférico que se proyecta en Puebla, demuestran que la innovación y la planificación urbana pueden ser aliados clave para enfrentar retos naturales y mejorar la calidad de vida.
En un país donde la propiedad privada y la seguridad estructural son esenciales, la tragedia venezolana es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el orden y la regulación no se respetan o no se actualizan. Para los millennials que buscan entender cómo estas crisis impactan en la vida cotidiana, queda claro que la prevención y la inversión en infraestructura no son un lujo, sino una necesidad urgente.
