Decenas de motociclistas se reunieron este miércoles 15 de julio de 2026 en La Noria para iniciar una caravana rumbo al Centro Integral de Servicios (CIS) Atlixcáyotl. Su objetivo: protestar contra la Ley Casco, que obliga a colocar un engomado con código QR y chip RFID en los cascos, parte de la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.
Esta movilización no es un hecho aislado. Apenas ayer, martes 14 de julio, hubo una rodada que salió del Paseo Bravo hacia las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), marcando el inicio de una serie de protestas organizadas por colectivos de motociclistas que consideran que la medida no reducirá los delitos cometidos en motocicleta y que los nuevos requisitos administrativos son excesivos.
Mientras tanto, el gobierno estatal arrancó hoy el programa de entrega gratuita de estos distintivos electrónicos en los módulos del CIS, buscando facilitar la transición hacia esta nueva regulación.
La protesta de hoy generó afectaciones viales en el bulevar Atlixco y la Vía Atlixcáyotl, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas.
Más allá del ruido, la Ley Casco busca un orden necesario en un sector que crece y que, como cualquier otro, debe cumplir con normas que garanticen seguridad y responsabilidad. La exigencia de los motociclistas para abrir mesas de diálogo es válida, pero también lo es la necesidad de modernizar y controlar el tránsito, algo que sistemas como el cablebús o teleféricos en Puebla han demostrado al mejorar la movilidad sin afectar la propiedad privada ni la libertad de los usuarios.
En resumen, la Ley Casco no es un capricho estatal, sino un intento por equilibrar seguridad y orden en las calles. La pregunta es si los motociclistas están dispuestos a dialogar para encontrar soluciones que beneficien a todos, o si seguirán apostando por la resistencia sin propuestas claras.
