Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, volvió a encender la polémica al afirmar que advirtió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en el gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila. En una entrevista con José Cárdenas en Noticias en Claro, Bonilla aseguró que incluso presentó pruebas al mandatario federal para respaldar sus señalamientos.
Según relató, en una reunión privada con López Obrador, a quien describió como receptivo, le entregó “cuatro expedientes de activos que ahora se dedican a cruzar droga” y le pidió ayuda para evitar que el estado cayera en manos del crimen organizado. “Cuando le dije esto mismo que te estoy diciendo, presidente, lo voy a decir en el Senado mañana”, recordó Bonilla, evidenciando su intención de hacer públicas las denuncias.
El exgobernador insistió en que siempre fue directo con AMLO y que le recomendó visitar Baja California para constatar la situación. “El que avisa no es un traidor. Le tengo que decir que eso está pasando en Baja California”, afirmó.
Por otro lado, Bonilla negó cualquier participación en la filtración de los audios que han desatado una nueva confrontación política en la entidad ni en gestiones para resolver la situación migratoria de Marina del Pilar, quien enfrenta problemas con su visa estadounidense. “No puse a nadie para gestionar la visa de la gobernadora”, aseguró, calificando de “ilógica” la acusación en su contra.
Este episodio se suma a la compleja dinámica política en Baja California, donde las disputas internas parecen no tener fin. Mientras tanto, la gobernadora Marina del Pilar continúa enfrentando cuestionamientos que, para algunos, reflejan la necesidad de un gobierno más transparente y alejado de cualquier sombra de ilegalidad.
En un contexto donde la seguridad y el orden son prioridades para los ciudadanos, estas declaraciones ponen sobre la mesa la importancia de que las autoridades federales y estatales trabajen de manera coordinada para garantizar la estabilidad y el respeto a la ley, sin caer en juegos políticos que solo afectan la gobernabilidad.
